Durante años, los precios de transferencia fueron percibidos como una obligación exclusiva de grandes corporaciones multinacionales. Sin embargo, dicha quedó en el pasado, ya que, hoy, cualquier empresa que realice transacciones con partes vinculadas (nacionales o internacionales) enfrenta un riesgo fiscal real, independientemente de su tamaño o sector.

El marco regulatorio costarricense lo confirma. Mediante la Resolución MH-DGT-RES-0026-2025, el Ministerio de Hacienda oficializó la Declaración Informativa Anual de Precios de Transferencia, aplicable desde el periodo fiscal 2024 y presentable exclusivamente a través de la plataforma TRIBU-CR. Están obligados todos los contribuyentes con operaciones vinculadas que superen los 1.000 salarios base anuales, aproximadamente ₡462 millones para 2025, además de grandes contribuyentes y empresas en zona franca.

Las consecuencias del incumplimiento son concretas: ajustes promedio que han superado los ₡150 millones por empresa auditada, multas equivalentes al 2% de los ingresos brutos y sanciones que pueden superar los ₡46 millones. Sin embargo, el riesgo más frecuente no proviene de mala intención, sino de documentación incompleta o de una desconexión entre la realidad operativa del negocio y el tratamiento fiscal aplicado a sus operaciones.

Álvaro Retana, gerente general de GTI Factura Electrónica, destacó la relevancia de este tema en la charla gratuita realizada en el Colegio de Contadores Privados, sobre precios de transferencia y sus particularidades. Hoy Hacienda tiene más datos y más capacidad de cruzar información que nunca. Los precios de transferencia ya no son un tema que se pueda dejar para después, porque ese 'después' puede llegar acompañado de un ajuste millonario que nadie esperaba." Mencionó.

De acuerdo con Alberto Porras, Socio Director de Baker Tilly Costa Rica, un error frecuente es creer que basta con tener el estudio de precios de transferencia; "el estudio tiene que estar técnicamente bien construido y debe reflejar la realidad económica de la empresa" Un estudio que no supera ese análisis puede ser tan riesgoso como no tener ninguno. La Dirección General de Tributación ha demostrado una sofisticación creciente en sus auditorías. Señaló.

En este contexto, GTI Factura Electrónica y Baker Tilly Costa Rica unen esfuerzos para acompañar a los contribuyentes de forma integral.

Sumar la expertise de Baker Tilly nos permite ofrecerles a nuestros clientes un acompañamiento completo, que en la actualidad es vital en las empresas costarricenses.” Indicó Retana.

Si su empresa tiene operaciones con partes relacionadas, el momento de actuar es ahora. La planificación preventiva no solo protege el patrimonio empresarial: convierte una obligación fiscal en una ventaja competitiva.