La declaración de precios de transferencia (D-273) se posiciona como una de las obligaciones tributarias más relevantes en Costa Rica para empresas que realizan transacciones con partes vinculadas.

Su finalidad es asegurar que estas operaciones se lleven a cabo a valores de mercado, evitando prácticas que puedan reducir artificialmente la carga tributaria.

En el país, deben presentar esta declaración los grandes contribuyentes, empresas en régimen de zona franca y aquellas cuyas operaciones con vinculadas superen los 1.000 salarios base anuales.

Este proceso se realiza exclusivamente a través del sistema TRIBU-CR, con información previamente respaldada por un análisis técnico de precios de transferencia.

El punto clave es el plazo de presentación para el período fiscal 2025, que vence el próximo 30 de junio de 2026, lo que coloca a las empresas en una fase decisiva para cumplir en tiempo y forma.

De acuerdo con el gerente general de GTI Factura Electrónica, Alvaro Retana, la Administración Tributaria ha reforzado la fiscalización en esta materia, por lo que no presentar o hacerlo de forma incorrecta puede derivar en sanciones económicas relevantes.

“La declaración D-273 no es un trámite más; es un reflejo del nivel de transparencia y cumplimiento fiscal de las empresas. En un entorno de mayor fiscalización, prepararse con anticipación y contar con procesos automatizados puede marcar la diferencia entre cumplir correctamente o enfrentar contingencias tributarias”, señaló Retana.

En este contexto, el llamado para las empresas responde a revisar sus operaciones con partes relacionadas, contar con estudios actualizados y no dejar el cumplimiento para última hora. La D-273 representa un paso firme hacia una fiscalización más técnica, donde la consistencia de la información es clave para evitar riesgos y fortalecer la gestión tributaria.